El anuncio de la declinación de Bill Richardson al cargo de secretario de Comercio en la nueva administración a escasas dos semanas de la toma de posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos ha causado profundo malestar en la comunidad latina.
La noticia es desalentadora, entre otras razones, porque no parece haber causa justificada y porque Richardson es el político hispano de mayor prominencia en el panorama político nacional actual. Su decisión también ha sido vista con pesar en América Latina, dada su reconocida sensibilidad hacia la región, sus extraordinarias dotes diplomáticas y su portentosa habilidad para propiciar y alentar el intercambio comercial en el hemisferio. Colombia y Panamá, por ejemplo, pierden a un aliado natural en su lucha por finalizar sus tratados de libre comercio con EU.
El liderazgo latino no se conforma con la idea de perder una voz importante en el gabinete presidencial. “La participación de los latinos a favor de Obama durante todo el proceso electoral y culminando con el voto fue enorme, la participación de los latinos en el gobierno de Obama debe ser proporcional”, me dice John Trasviña, presidente de Maldef, una de las organizaciones hispanas de mayor peso en la nación. Y aunque esta no es la primera vez que sucede que un candidato al gabinete presidencial retira su nominación al cargo antes de las audiencias de confirmación en el Senado su súbita renuncia ha dado lugar a todo tipo de conjeturas y especulaciones que giran en torno a una pregunta: ¿Renunció o lo obligaron a renunciar?
En el caso de Richardson no hay una sola acusación en su contra. Según sus propias palabras, él retira su candidatura porque no quiere que una posible dilación en el proceso de confirmación perturbe el arranque de la nueva administración.
Richardson está siendo investigado por un jurado federal que intenta determinar si hubo una posible relación entre las contribuciones políticas, por aproximadamente 200 mil dólares, de una compañía de California (CDR Financial Products) y el otorgamiento de un contrato con el gobierno estatal por casi mil 500 millones de dólares.
Interpretar la renuncia de Richardson como prueba de su culpabilidad sería una aberración, pues en su contra no pesa ni acusación ni arresto. Además, en ese país, una persona es inocente hasta que en un tribunal de justicia se demuestre lo contrario.
La secuencia temporal del asunto se presta a toda clase de interpretaciones, por ejemplo, que el equipo de investigadores de Obama sería culpable de incompetencia supina si cuando lo investigaron no sabían lo que todo Nuevo México sabía después de leer en la prensa los reportes que desde agosto de 2008 publicaba sobre el jurado federal que investigaba al gobernador.
Para el liderazgo latino, ya que Richardson no tiene salvación, lo que Obama tiene que hacer para desbaratar el embrollo es re-encontrar el candidato idóneo para el puesto dentro de la propia comunidad latina. En el seno de la comunidad hay muchas personas que cuentan con un amplio expediente en el mundo de los negocios y que ya han fungido como funcionarios públicos exitosos en administraciones pasadas o en gobiernos municipales y cuyos nombres le serán dados a conocer esta misma semana.