Flagele a las ‘irresponsables’

Es hora de invertir en educación para tener una adolescencia sana que crezca en el amor al prójimo, menos propensa a las equivocaciones

Leí el artículo de opinión del señor Jorge Bravo, periodista, aparecido en este matutino el 21 de mayo en relación al proyecto de ley presentado por la legisladora Teresita Yániz de Arias (buscando proteger a las madres-niñas y adolescentes en ámbitos como los centros de estudios o la asistencia médica), quien se explayó sobre el mal ejemplo dado en las escuelas por estas niñas embarazadas.

Al finalizar la lectura del citado artículo se me ocurrió que pedir al Gobierno nigeriano asesoramiento sobre dicho proyecto de ley sería quizás una buena idea. ¿Por qué? Porque el Código Penal musulmán (introducido en oposición a la Constitución Federal Nigeriana en los ocho estados del norte del país) castiga a la mujer que fornique con 100 latigazos (sin importar que haya sido violada por adultos), tal como le sucedió a Bariya Ibrahim Magazu de 14 años el 20 de enero del pasado año en el estado de Zamfara al norte de Nigeria.

Flagelar a estas mujeres (pese a su escasa edad) sería una manera interesante de instrumentar un mecanismo aleccionador para la juventud, en lugar de invertir recursos en enseñarles a conocer y manejar su sexualidad, principal causante de estos nacimientos.

Reflexionando entonces sobre esta posibilidad, tomé conciencia de otro problema, en este caso cuantitativo, que percibí al leer otro artículo con estadísticas publicado en este mimo periódico: en los últimos 30 años el 19% de los embarazos correspondió a madres adolescentes (entre los 12 y los 19 años) lo cual significa unos 12 mil nacimientos anuales y, por ello, aplicar esta ley implicaría la demencial cantidad de un millón 200 mil latigazos en el mismo lapso de tiempo, demanda de servicios que Panamá no está en condiciones de resolver a corto plazo (quizás en resolver este contratiempo nos asesoren también los nigerianos).

Continuando con la nota y su información, mencionaba que el 97.5% de los jóvenes comenzaron su vida sexual activa entre los 13 y los 19 años, y el 2.4% de adolescentes entre los 8 y los 12, por lo que me pregunto ¿quiénes son los “que no han concebido siquiera esta idea?”, referente a la existencia de la actividad sexual a la que se refiere el periodista.

En el siglo XXI, era saturada de información, estos mismos púberes (soberanos absolutos de la internet) con solo escribir la palabra SEX en el buscador de altavista.com obtendrán 10 millones 234 mil 897 resultados en el ordenador.

Dado que la red de redes está inserta en el “sano entorno psico-social”, que el señor Bravo considera amenazado por estas fornicadoras, se me ocurre que podríamos censurarla y de paso censurar también los “programas obscenos de radio y televisión, llenos de ejemplos distorsionados y de música con negativa influencia” que a entender del reportero está robando la niñez a los pequeños, censura que con tanto ahínco aplicaron dictadores tales como Mao Tsé Tung, Stalin o Augusto Pinochet.

En la misma línea que estos personajes supieron tan bien desarrollar, el señor Bravo nos dice que: “Hoy les permitimos a estas madres precoces concluir sus estudios en igualdad de condiciones y en el mismo salón de clases que el resto de sus compañeras, estudiantes más dedicadas; mañana les permitiremos también a los que consumen drogas sentarse al lado de nuestros hijos en un aula de clases, como si consumir drogas fuera lo más normal del mundo, todo en aras del derecho a educarse que también a ellos les asiste”, proponiendo crear unos módulos de educación a distancia donde imagino se aislaría de su contexto a estas madres precoces y a los drogadictos, al igual que se hace con los delincuentes o como hacían los bolcheviques en los campos de concentración rusa, internando a todo aquel que no pensara como la mayoría (los malditos diferentes), considerándolos contrarrevolucionarios y aislando así su maléfica influencia en los demás. En países como Argentina (durante la dictadura militar) o en la Alemania nazi eran más prácticos: el Estado, sencillamente, exterminaba a los indeseables.

No negaré el compromiso del señor Bravo para con la sociedad panameña, su preocupación por evitar angustias a quienes no sufren las consecuencias de un embarazo indeseado o problemas de drogadicción, pero a diferencia de él creo que un problema no desaparece por negarlo; “muerto el perro se acabó la rabia” es una ilusión atractiva, pero solo eso, una ilusión.

El proyecto de la señora Teresita de Arias está pensado para proteger a estas víctimas de la desinformación y las circunstancias, apelando a la humanidad y al derecho que asiste a cualquier ciudadano en Panamá a recibir enseñanza sin ser discriminado.

La Constitución Política de la república de Panamá dice en uno de los párrafos del artículo 90 “Los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos a todos los alumnos, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores” sin señalar exclusión alguna.

Es hora de tender puentes e integrar a los menos favorecidos en lugar de aislarlos. Es hora de invertir en educación para tener una adolescencia sana que crezca en el amor al prójimo, menos propensa a las equivocaciones por desinformación o prejuicios, para lograr en Panamá una sociedad justa y madura.

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