La frase con que titulo este artículo pone en evidencia que el carácter de un individuo no cambia con el tiempo, sino que perdura y es aquello que germina, nos caracteriza y se fortalecerá durante toda nuestra vida hasta que fallecemos.
En nuestro país, la tónica de la circunstancia gubernamental parece ser el doble discurso –parafrasearías, la doble moral, la mentira–, lo que no hace más que reflejar y convencernos de la incompetencia para ejercer el cargo al que han sido designados muchos de los funcionarios públicos.
El tamaño de la burla administrativa sobrepasa los límites de la permisibilidad pública, en especial en las entidades autónomas a las que la ley otorga personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en sus regímenes administrativo, económico, financiero y funcional, y que están debidamente estructurados dentro del parámetro legal. Así, tanto en el ámbito nacional como institucional, “genios y figuras” estructuran leyes y reglamentos con astucia, artificios y triquiñuelas, como si de la confección de un tuxedo a la medida de algunos avivatos se tratase, creyendo que el resto de las personas padecemos de ceguera normativa o que somos mentecatos o pollinos a pesar, incluso, de las observaciones y sugerencias verbales, escritas y divulgadas en los diferentes medios de comunicación, que ellos desconocen de manera libertina e irrespetuosa.
Todo ello redunda en la aparición de actos repudiables, ya que la ley se adecua para unos y se desconoce para otros, porque hay privilegiados (los que manosean el poder) y no privilegiados (aquellos que se oponen a inhóspitas intenciones), porque se viola la Constitución, las leyes, los reglamentos y los acuerdos nacionales, como si del manejo de un feudo particular se tratase, mas que de un estado de derecho.
Actuaciones como estas ponen de manifiesto administraciones desreguladas, deshonestas, en constante mutación ética, que desencadenan el descontento del mundo urbano laboral y de la menu peuple (los de abajo), ya que ponen en evidencia la corrupción omnipotente, la fragmentación, el autoritarismo, favoritismo y nepotismo de los actos administrativos, que deben ser seriamente sancionados por todos los mortales, como manda la ley. Son “genios y figuras” que no han sabido mantener el timón de la gestión administrativa ni siquiera guiados por la normativa procedente, que es clara al señalar los deberes y derechos de todo funcionario público. Sin embargo, en aras de los intereses y de la parcialización existente, crean tensión, descontento y verdaderos campos de concentración en las diferentes instancias.
La Ley 38 de 31 de julio de 2000, que crea el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el procedimiento administrativo general y dicta disposiciones especiales. El título IV del Inicio de los Procesos, artículo 65, señala: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquier persona debe denunciar, ante cualquier entidad pública, la comisión de hechos que afecten o lesionen el interés público, o la realización de actos ilícitos cuyo conocimiento corresponda a aquella, sin que el denunciante se encuentre obligado a comprobar los hechos denunciados...”.
Resulta interesante que el colectivo popular, en general, conozca que, aunque el poder o la autoridad gubernamental no esté en sus manos, la ley existe y debe balancear los abusos de quienes, en un momento determinado y por casualidades del destino, ostentan el poder; cuando ellos no se hacen respetar, tenemos la obligación de denunciarlos ante las máximas instancias y, si no se imparte la justicia necesaria, incluso, sacudirles públicamente ante los medios de comunicación.
Los principios y reglas se han establecido para todos los individuos que conforman el colectivo de la sociedad; deben considerarse como cadenas para controlar el desenfreno humano, sin fueros ni privilegios, porque las malas actuaciones, en ocasiones, se enaltecen de tal manera que por momentos se apoderan de las circunstancias, arrastrando limitaciones claras que impiden el desempeño transparente de la gestión administrativa y gubernamental.
Aquellos individuos conocedores de los principios básicos del derecho, pero que acondicionan la norma a su antojo y permiten la infracción de esta, deben ser públicamente denunciados, y quienes ovacionan tales actos deben ser, igualmente, censurados por la sociedad en general, porque el poder emborracha, corrompe y envenena, tal cual como dice el refrán: “Genio y figura hasta la sepultura”.