Las disputas de gobiernos contra la prensa opositora y la violencia del crimen organizado encendieron las alarmas para la libertad de prensa en América Latina, en constante lucha por consolidar ese pilar de la democracia ante la creciente intolerancia de autoridades. Desde Argentina hasta Venezuela, medios de prensa reciben acusaciones del Gobierno y enfrentan mayores regulaciones.
En México, periodistas han sido asesinados por bandas de la droga. La lucha de poder entre clases gobernantes y medios no es nueva y es natural hasta cierto punto, pero en Latinoamérica ha sacado chispas que encendieron preocupación en organizaciones de periodistas.
Gobiernos de izquierda como el del venezolano Hugo Chávez, el del ecuatoriano Rafael Correa y el de la argentina Cristina Fernández de Kirchner mantienen batallas con empresas de comunicaciones críticas, a las que acusan de manipular la información en función de sus intereses particulares. Las fricciones también surgieron con gobiernos de derecha como el de Álvaro Uribe en Colombia, al que la organización Reporteros Sin Fronteras denunció por supuestas escuchas a periodistas poco antes de que terminara su mandato en agosto.
“Creo que hay un hilo común y ese hilo común es querer someter a los medios de comunicación social a que cedan a la voluntad del Gobierno”, dijo Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Mientras tanto, los medios contraatacan denunciando en sus páginas los presuntos ataques a la libertad de prensa. En América Latina, donde están frescos los recuerdos de dictaduras militares que silenciaban opositores, los choques entre gobiernos y medios podrían erosionar el fortalecimiento institucional que la libertad de prensa ayudó a construir.
Chávez acusa a los medios de haber apoyado un golpe en su contra, se ha negado a renovar concesiones como la del canal opositor RCTV y ha fundado medios como Telesur para contrarrestar la influencia extranjera. Y hace tres meses intervino el Banco Federal, cuyo dueño es accionista del canal 24 horas de noticias Globovisión. Eso allanaría el camino para que el Estado venezolano participe en la cadena, acusada por el mandatario socialista de “envenenar al pueblo” y “mentir”.
En Ecuador, el Estado controla la mitad de las empresas de comunicaciones. Desde que asumió en 2007, Correa pasó a control estatal Gama TV y TC Televisión. La idea era subastarlos para saldar deudas de sus dueños, banqueros que quebraron en la crisis de 1999. Pero desde que se hicieron estatales no hubo más noticias sobre las subastas.