La profunda crisis política en que se ha sumido Honduras, y que el presidente Manuel Zelaya describió como “un proceso de golpe”, tiene un claro responsable directo: el propio Zelaya.
Fue su empecinamiento en imponer, a contrapelo de las instituciones republicanas, el proceso para convocar a una Asamblea Constituyente, lo que desencadenó la aguda pugna de poderes que se filtró en toda la sociedad. Hoy tiene al país en vilo y a su frágil democracia en extremo riesgo.
Zelaya, quien poco después de llegar a la Presidencia, el 27 de enero de 2006, cambió el rumbo de su gobierno y se precipitó en un irresponsable torbellino “bolivariano”, decidió hace algunos meses que, para “refundar” Honduras (léase promover su reelección), debía transformar la Constitución.
Ya para entonces había tomado una serie de descabelladas medidas económicas, había incorporado al país a la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba), e insistía en una añeja retórica de confrontación social.
Como el Congreso estaba en contra del cambio constitucional y la figura del referendo no había sido reglamentada, a Zelaya le era imposible impulsar su iniciativa dentro del marco institucional.
Inventó entonces una arbitraria jugarreta: la celebración, este domingo, de una consulta electoral disfrazada de “encuesta”, para que la gente se manifestara sobre la posibilidad de que, durante los comicios generales el 29 de noviembre próximo, exista una “cuarta urna” para votar por la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Desde que surgió su autoritaria y peregrina idea, la oposición comenzó a crecer en intensidad, hasta llegar a la crisis de esta semana. Las razones son obvias: el proceso no está ni permitido ni regulado por la Constitución o las leyes, y Zelaya decidió controlarlo mediante el Instituto Nacional de Estadísticas, que no tiene competencias electorales y depende del Ejecutivo.
Su propio partido Liberal, al igual que el Nacional (principal de oposición) rechazaron tajantemente la “encuesta”; la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Congreso y el Colegio de Abogados la declararon ilegal; la Conferencia Episcopal advirtió sobre los riesgos que encierra; la Confraternidad Evangélica fue aún más severa en sus críticas, y, el martes en la noche, el Congreso aprobó un reglamento que impide la realización de cualquier referendo o consulta 180 días antes o después de las elecciones nacionales.
A pedido del TSE, las Fuerzas Armadas se negaron el jueves a repartir el material para la “encuesta”. Por ese motivo, Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, quien, sin embargo, pocas horas después fue restituido en su cargo, tras un amparo, por la Corte Suprema de Justicia.
El Ministro de Defensa renunció en solidaridad con Vásquez. También lo hicieron los comandantes en jefe del ejército, la marina y la aviación. De este modo, la crisis se introdujo en los sectores militares.
Acompañado de una turba de seguidores, el Presidente ingresó ese mismo día a una base aérea en Tegucigalpa y, sin oposición de sus custodios, “rescató” las cajas y papelerías para la consulta.
Desde entonces, el país entró en un curso de confrontación casi inevitable.
Al repasar los hechos relacionados con el proceso, es fácil concluir que la autoría de la emergencia y el “golpe de Estado” no corresponde al Congreso, la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos, los militares, los empresarios o las organizaciones cívicas que desde la Presidencia fueron convertidos en chivos expiatorios.
La verdadera culpa es de Zelaya, al haber precipitado a Honduras en una centrífuga de riesgo y arbitrariedad inéditos desde que el país recuperó la democracia. Por ello deberá rendir cuentas.