A lo largo de su historia, América Latina ha sido pródiga en crear, o llevar hasta sus peores consecuencias, una diversa gama de estrategias, prácticas y modelos autoritarios que, con disfraces disímiles, han eliminado o distorsionado gravemente el verdadero sentido de la democracia.
A ese repertorio, que incluye modalidades como los golpes castrenses, el populismo, el caudillismo, el totalitarismo personalista, el militarismo “popular” y el secuestro gubernamental por mafias u oligarquías, hay que añadir una nueva y gelatinosa modalidad: los golpes de Estado no tradicionales.
Ya no se trata de los generales que entran a Palacio, cierran el Congreso, anulan la Constitución, abarrotan las prisiones y descabezan el Poder Judicial. El juego, ahora, parte de un mayor grado de sutileza manipuladora: el uso de las instituciones formales de la democracia republicana para, desde ellas, anular su esencia y quehacer.
En los dos polos de lo que algunos describen como una nueva “guerra fría” hemisférica, los ejemplos más evidentes de esta perversa innovación son Honduras y Venezuela. Pero los riesgos también abundan en Nicaragua, Bolivia y Ecuador.
En Honduras, el ingrediente golpista tradicional –y en extremo torpe– fue el virtual secuestro del presidente Manuel Zelaya la madrugada del 28 de junio y su expulsión hacia Costa Rica.
Esa acción generó un claro símbolo desde el cual documentar la ruptura del orden constitucional, con ecos del pasado militarista latinoamericano. Por esto se produjo una rápida –y necesaria– reacción de rechazo de la comunidad internacional: aceptar el hecho sería un terrible precedente para la democracia latinoamericana.
Sin embargo, hasta allí llegan las posibles comparaciones con los golpes tradicionales.
Todo lo demás fue novedoso y con aires institucionales: el Congreso siguió funcionando; la Presidencia de la República la asumió el presidente legislativo; los militares permanecieron en sus cuarteles; las libertades fundamentales no han sido alteradas (más allá de toques de queda); el Poder Judicial no cambió un ápice; tampoco el Tribunal Electoral ni los partidos políticos, los cuales, más bien, respaldaron la acción. Además, se mantiene en firme la fecha de las próximas elecciones, en noviembre.
En el caso de Venezuela no se ha producido (aún) ninguna acción tan dramática que permita marcar un antes y un después, como fue la expulsión de Zelaya. Allí la esencia es la misma –o quizá peor– pero el método distinto. Se trata de un golpe de Estado progresivo, coreografiado alrededor de distintas etapas y decisiones acumulativas, mediante las cuales se han ido cerrando los espacios democráticos y construyendo el poder autoritario y personalista, el “caudillismo-socialismo del siglo XXI”.
Su barniz de legitimidad son las elecciones que llevaron a Chávez a la Presidencia y a sus diputados al Congreso. Pero lo que ha seguido es un proceso sistemático de asalto a la verdadera institucionalidad y un rechazo a gobernar democráticamente.
Entre los pasos de los últimos meses están la reforma constitucional para permitir la reelección ilimitada, la entrega al Gobierno central de funciones de los gobernadores y alcaldes, la Ley de Procesos Electorales, la cancelación de frecuencias a varias emisoras de radio y televisión, y la nueva Ley de Educación, con marcado corte ideológico, centralista e intervencionista, en vigencia desde el domingo 16 de agosto.
Cómo Chávez, más que un zarpazo dramático, ha ido asestando heridas consecutivas las libertades, el Estado de derecho y las instituciones, es más difícil identificar su violación a la democracia. Esto, sumado a la riqueza petrolera venezolana, la magnitud del país y la complicidad implícita de dirigentes latinoamericanos como Lula o los Kirchner, le ha permitido salirse con las suyas sin el tipo de reacción generada por el golpe contra Zelaya.
Es hora de que cese esa actitud y que las valoraciones y reacciones sobre los riesgos a la democracia latinoamericana sean más precisas, honestas y enérgicas. Si los déspotas crean nuevas formas de violar las libertades, los demócratas deben construir nuevas formas de defenderlas.