Ante el trágico asesinato del abogado Rodrigo Rosemberg recordaba, en una nota del pasado jueves 14 de mayo, al guatemalteco Carlos Manuel Pellecer en su libro Útiles después de muertos, donde alude a la perversa creación de mártires como mecanismo de guerra política.
Llamaba entonces a la objetividad y me preguntaba, asimismo ¿a quién interesaría desencadenar una tormenta política de estas dimensiones? O ¿sería que nadie imaginó que Rodrigo Rosemberg tomaría la precaución de grabar un video tan impactante como éste a manera de denuncia post mortem? En cualquiera de estas dos rutas de investigación, el esfuerzo, pensaba, debía ser máximo.
Cuando el Gobierno guatemalteco pidió oficialmente la ayuda de Estados Unidos y del FBI, inmediatamente consideré: “el presidente Colom no es responsable de esto”. Esa colaboración supranacional independiza el proceso investigativo y no es juego, amén de garantizar la transparencia, máxime si tomamos en cuenta que el sistema de justicia en Guatemala ha colapsado y que los servicios de investigación son prácticamente inexistentes o sirven a inconfesables intereses. El primer representante de la República enfrenta una acusación de esta magnitud actuando correctamente; quizá sea esta su única acción estratégica bien articulada, que contrasta, además, con el desastroso manejo que él, sus asesores y operadores han efectuado en esta crisis.
Debe llegarse al fondo sin descartar ninguna ruta ni olvidar que obscuros grupos de poder paralelo han intentado doblegar a los presidentes con muertes polémicas durante sus gobiernos.
Por ejemplo en 1985, el presidente Vinicio Cerezo Arévalo tuvo que investigar la muerte de su amigo y copartidario Danilo Barillas, un líder demócrata cristiano altamente controversial por sus posiciones sociales firmes; luego el presidente Jorge Serrano vivió el primer atentado contra el diputado Obdulio Chinchilla Vega, su némesis en el Congreso antes que el propio Serrano intentara disolver esa institución y la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Ramiro de León Carpio enfrentó a los 30 días de asumir el poder el asesinato de su primo hermano, correligionario y fuerte candidato presidencial Jorge Carpio Nicolle; días después, el asesinato del magistrado constitucionalista Epaminondas González, y más adelante el segundo atentando contra el congresista Obdulio Chinchilla Vega, al que también sobrevivió. Más tarde, De León fue objeto de una guerra psicológica: se maquinó la burda historia de un supuesto mercenario que, a la usanza de El Chacal, lo asesinaría desde uno de los edificios altos del centro de la ciudad, con un mítico fusil de alto alcance y mira telescópica, oportunamente localizado en un allanamiento.
El presidente Álvaro Arzú tuvo al inicio de su mandato el caso del lechero Sas Rompich, en donde se especuló que una facción de su estado mayor quería demostrar con ese hecho que ellos eran de verdad su guardia pretoriana. Más tarde y habiendo sido él el presidente que firmó la paz con las guerrillas marxistas, al final de su mandato se le vino encima el asesinato de monseñor Juan Gerardi Conedera, conductor de la investigación de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la guerra civil de 30 años, asesinato al que es más que claro, Arzú fue ajeno. Sepa usted lector por qué razones asesinaron a Gerardi.
Una muerte de gran impacto social, busca doblegar o condicionar a los presidentes y hasta provocar su derrocamiento, como ocurrió en el caso del presidente Anastasio Somoza con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, a la postre, una de las víctimas propiciatorias del triunfo de la Revolución Sandinista. Años más tarde, en medio de la confusión se consolidó una versión en el sentido de que fueron terceros actores quienes asesinaron a Chamorro.