Una de las mayores sorpresas que dejó la jornada electoral legislativa en Colombia fue la llegada fácil al Congreso de familiares o allegados de ex senadores vinculados con los grupos paramilitares o “parapolíticos”, indicaron analistas. El fenómeno que sacudió la política colombiana, por los nexos descubiertos entre congresistas y grupos paramilitares, al parecer no dejó lecciones entre los electores que con sus votos permitieron que el cuestionado Partido de Integración Nacional (PIN) alcanzara una representación significativa.
A ese partido se lo acusa de tener en sus filas a los familiares y amigos de los congresistas conocidos como los “parapolíticos”, por sus nexos con los escuadrones de ultraderecha y quienes se encuentran presos o son investigados por esos vínculos. El PIN obtiene hasta el momento nueve escaños en el Senado, pero según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), al menos otros 30 senadores elegidos tienen algún tipo de nexo con grupos paramilitares o tienen procesos judiciales pendientes.
Para el profesor universitario Manuel Guillermo Rueda, experto en temas legislativos, la apuesta será por ver en unos meses “cuántos de los nuevos elegidos terminan investigados por la Corte Suprema de Justicia”. Un tercio del Congreso que termina este semestre su legislatura de cuatro años es investigado o fue condenado por sus vínculos con grupos paramilitares, en un escándalo conocido como la “parapolítica”.
Uno de los nombres que más ha sonado es el de la nueva senadora por el Partido Liberal Arleth Casado, esposa del parlamentario Juan Manuel López Cabrales, condenado por vínculos con esos escuadrones de la muerte. Casado, quien a pesar de no tener trayectoria pública, sacó una de las seis mayores votaciones de las elecciones del pasado domingo con 111 mil 752 votos a su favor, encabezando el listado de elegidos por los liberales.
De la misma manera, la conservadora Olga Suárez Mira, quien fue elegida para el Senado con 112 mil 475 votos, y está en la mira por ser hermana del ex senador Óscar Suárez, investigado por la “parapolítica”.
Teresita García, hermana del ex senador Álvaro García, condenado por una masacre en el norte de Colombia cometida por los paramilitares, también se hizo a un escaño en el Senado. Héctor Julio Alfonso y Antonio José Correa son las nuevas “cuotas” en el Senado de la empresaria de apuestas Enilce López, más conocida como “La Gata”, cuestionada por sus supuestos nexos con los paramilitares y casos de corrupción.
Por el PIN también llegó al Congreso Mauricio Aguilar, hijo del coronel en retiro y ex gobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo, investigado también por esos vínculos. Juan Carlos Rizzetto, otro de los nuevos senadores, hace parte del llamado “clan del Valle”, cuyos creadores se han visto involucrados en escándalos por investigaciones de narcotráfico y “parapolítica”.
Doris Clemencia Vega, esposa del detenido ex senador Luis Alberto Gil, también llegó al Congreso. El senador Antonio Guerra de la Espriella, quien tiene una investigación preliminar pendiente en la Corte Suprema de Justicia por vínculos con grupos paramilitares, integrará también el Congreso. Dentro del grupo de 28 senadores con los que oficialista Partido de La U formará la bancada mayoritaria, están Ed
uardo C. Merlano, hermano de Jairo Merlano, quien también se encuentra comprometido con este tema. A él lo acompaña Maritza Martínez, esposa del ex senador Luis Carlos Torres, otro de los involucrados en la “parapolítica”.
La pregunta que surge para los expertos al ver este fenómeno es, “qué pasó con la legislación actual, que prohíbe la incursión a los partidos de personas vinculadas con los paramilitares”. Para el profesor Rueda “la ley se quedó coja porque no incluyó a los familiares de esas personas” y por eso recomendó evaluarla y modificarla durante este nuevo periodo legislativo.