Las llamas de un horno crematorio alcanzan hasta los 900 grados centígrados. Esa temperatura convierte el más hermoso y plantado cuerpo en unas onzas de ceniza. En una hora, el calor exuberante desarrolla su función de procesador de desechos.
Soportan esos rigores cadáveres, cuyos familiares, por comodidad e higiene, optan por esa metamorfosis. La piel resulta en jirones, aunque la primera candela se concentra en la caja torácica. Prótesis hay a prueba de todo.
El tormento de los jóvenes infractores no fue tan abrasante. La diferencia: los siete, en ese espacio 4x4 (metros), estaban vivos. Retornamos a la pira, aquella hoguera en que se quemaban cuerpos muertos, y también vivos, como sacrificio.
En la sala de espera -esperando sin esperanza- del horno crematorio, se quema el espíritu del doliente, pues es un tránsito sin retorno. El silencio es aterrador. A diferencia de la celda 6, donde el grito es desgarrador y el suplicio recuerda al poeta Virgilio en los sufrimientos que observó en el recorrido por las estaciones del infierno.
Aberración que espantaría -o alegraría- al Marqués de Sade. Sadismo y negación de ayuda, en una. Crimen de lesa humanidad. Ofende y lastima la conciencia nacional, tan apaleada en los últimos tiempos. Por su aberrante naturaleza, como se define, de manera técnica, este delito “ofende, agravia e injuria a la Humanidad en su conjunto”.
-Marqués de Sade, palidezca.
Ante quien estaba obligado a salvarles el pellejo, los adolescentes clamaban:
-Viejo, echa agua.
La respuesta:
-¿Querían ser hombrecitos?... ¿Agua?... ¡Muéranse!
En este horno, la autoridad, a través de agentes del Estado, presencia la chamuscada e impide que sea sofocado por los bomberos el infierno. Ni los filmes animados son tan descriptivos e ilustrativos de la realidad penitenciaria, del abuso, el irrespeto a cualquier derecho, y, sobre todo, el reino de la impunidad.
La impunidad es galopante. El Código Penal prevé la opción de detención inmediata de responsables en casos de esta naturaleza. Ha prevalecido el artículo manzana de la discordia de la Ley Chorizo y sus sucesoras que otorga privilegios a los agentes policiales acusados y que están bajo investigación.
Nuestro Estado es signatario de convenciones en favor de los derechos humanos, y, de manera especial, a favor de la niñez y la adolescencia. Quienes están privados de libertad padecen el hacinamiento, la mora judicial y maltratos físicos. Es deber de la autoridad garantizar la vida de esas personas e incrementar los cuidados cuando se trata de jóvenes sin mayoría de edad.
Tras la masacre de Tocumen, así lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aquellos polvos trajeron estos lodos. Se le ha insuflado un poder enfermizo a los servicios policiales y de seguridad. Bajo el argumento de atender la inseguridad ciudadana, se ha organizado un sistema de represión, en el cual el agente se siente todopoderoso y está consciente de que, ante cualquier abuso, le espera un indulto, como se ha suscitado de manera masiva en los últimos meses. La impunidad lo protege.
De 15 a 17 años son las víctimas del horno de Tocumen. Son los hijos de todos nosotros. Habían abandonado el aula. Dos habían concluido hace poco el sexto grado de la educación primaria. Habían crecido, en su mayoría, en barrios y familias disfuncionales.
Retratan un país con recursos, con alto crecimiento económico, y con una desigualdad que espanta. Entre las peores en el mundo. Quienes gobiernan adeudan, no solo un plan científico de seguridad ciudadana, sino una política social activa, en la que haya un mayor aprovechamiento de las capacidades y talentos de los segmentos vulnerables. No al horno para pobres.
