Hoy por Hoy 2003/10/19

Después del sabor amargo que nos dejó el fallo del caso CEMIS, nuestro máximo órgano de justicia no mejora. Con una Corte Suprema inundada de expedientes interminables –y a veces inmanejables– y con magistrados no siempre a la altura de las exigencias, la justicia panameña atraviesa una situación de crisis que debe ser revertida. Este órgano del Estado no ha sabido cultivar y desarrollar su independencia como un poder básico de la República y, sin un Poder Judicial independiente, no hay estado de derecho. A pocos días de nuestro centenario ese órgano se encuentra en una de sus peores crisis, padeciendo la herencia de una política de designación de sus magistrados fundada en un criterio amical, alejado de toda consideración profesional o de imparcialidad. La ciudadanía reclama una justicia independiente, que garantice el respeto a la ley en condiciones igualitarias; un sistema integrado por personas íntegras e idóneas, que esté racionalmente organizado y que tenga capacidad de brindar respuestas a los conflictos a través de los más correctos procedimientos. Lástima que muchos magistrados no hayan sabido interpretar el clamor de la ciudadanía y que muchos de sus fallos dejen una sensación de frustración y resentimiento en la comunidad. Si tenemos una Corte que no tutela nuestros derechos, ¿qué nos queda entonces?