Hoy por Hoy 2003/11/25

El Tribunal Electoral (TE) es una de las pocas instituciones de nuestra magullada democracia que ha resistido los embates de la crisis de credibilidad por la que atraviesan las instituciones estatales. Mucho tiene que agradecerle la institucionalidad democrática panameña al recto e incuestionable proceder del árbitro de la contienda electoral. No obstante, para que esta historia de éxito y confianza no se convierta en fábula, el TE está obligado a mantener intactos el criterio, la coherencia y la fortaleza que lo han ubicado en su privilegiado sitial. Al designar a tres ciudadanos probos e íntegros para integrar la Junta Nacional de Escrutinio, el TE hacía gala de su excelente juicio e intachable reputación. Sin embargo, al ceder a la caprichosa voluntad de ciertos partidos políticos de objetar su criterio de selección, la institución se inflige a ella y a todos un gran daño. Los magistrados argumentan que las objeciones de los colectivos políticos deben ser tomadas en cuenta por ley y por mero pragmatismo. El problema radica en que se está permitiendo que argumentos pueriles y motivaciones partidistas, se abran paso por sobre la decencia y los principios. Los magistrados del TE deben reflexionar a conciencia sobre su propio rol y sobre las fuentes en las que descansa su legitimidad. Este ejercicio arrojaría, sin duda, que están regalando la última palabra, que por ley les corresponde, en todos aquellos factores que determinarán la salud del próximo torneo electoral.