Hoy por Hoy 2003/11/29

Frente a la intranquilidad ciudadana que crean el contralor Weeden y el ex presidente Pérez Balladares en torno al caso PECC, sale a relucir la urgente necesidad de adecentar al país y dotarlo de mecanismos para aumentar la transparencia. Combatir la corrupción es un objetivo de legitimidad incuestionable. Pero para lograrlo hace falta mucho más que el enunciado de buenos propósitos. Se requiere la voluntad política para desactivar los sistemas que desnaturalizan la función del Estado y provocan fuertes desvíos de dinero hacia arcas privadas. Esa acción debe emprenderse desde arriba, iniciando con la presidenta, quien debe dar el ejemplo al resto de su gabinete y colaboradores. Obviamente, si en ese círculo del poder no se toma la iniciativa, ¿qué esperar del resto del funcionariado? Por eso, con la mira puesta en desentrañar las prácticas que impiden la transparencia, debe haber coordinación para la lucha anticorrupción. Claro está que no hay métodos infalibles para prevenir irregularidades y delitos, pero contar con sistemas de prevención y sanción es un primer paso ineludible para cambiar prácticas enquistadas durante años. Es oportuno recordar que la población se ha manifestado contra la corrupción y en favor de una administración estatal honesta y transparente, y es tarea del Gobierno y oposición cumplir con el mandato ciudadano.