Hoy por Hoy 2003/12/06

Cuando los intereses particulares de ciudadanos o funcionarios obstruyen el funcionamiento de la Justicia o de cualquier otra institución, lesionan el principio de igualdad ante la ley y desvirtúan normas elementales del sistema democrático. El Estado de derecho está organizado sobre la base de instituciones que llevan adelante las tareas necesarias para el funcionamiento de la sociedad. Entre ellas se cuentan las encargadas de legislar, fiscalizar el manejo de fondos público, brindar seguridad ciudadana o administrar justicia, entre otras. En no pocas ocasiones sucede que ciudadanos poderosos y funcionarios influyentes crean redes de vínculos cuyo propósito ulterior consiste en defender sus intereses por encima de las normas que rigen para el común de los habitantes. De este modo, además de producirse una violación o una interpretación caprichosa de las leyes, se distorsiona la función que deben cumplir las instituciones en la vida republicana. Con esta práctica, se afecta el prestigio de la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía en los estamentos del Estado. Sólo pueden contrarrestarse estas actitudes con el trabajo independiente de la Justicia, y el compromiso de los servidores públicos de cada institución con posibilidades de autoprotegerse, de respetar la norma legal que rige para el común de los mortales.