Hoy por Hoy 2003/12/14

El magistrado César Pereira Burgos está terminando de aniquilar la poca confianza que podía quedar en el sistema judicial. Hace poco más de un año, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) cauteló los bienes ubicados en la cantera de Cerro La Moña, propiedad del legislador Miguel Bush. Los abogados de Bush presentaron un amparo de garantías constitucionales contra esta resolución de la DRP. Frente a tal solicitud, la Corte Suprema -con el magistrado Pereira Burgos como ponente- sostuvo claramente que “profusa jurisprudencia de la Corte ha reiterado que no caben amparo de garantías constitucionales contra las medidas cautelares”. Ahora, en el enfrentamiento del contralor Weeden con el expresidente Pérez Balladares por el caso PECC, la situación jurídica era la misma, pero Pereira Burgos, no. Luego de detectada una supuesta lesión patrimonial de Pérez Balladares, la DRP ordenó la cautelación de los bienes del expresidente. Se repitió la historia del caso de Bush -hasta el abogado era el mismo- y presentan una acción de amparo contra la resolución de la DRP. En esta ocasión, actuando como sustanciador Pereira Burgos, decide que sí caben amparos de garantías contra las medidas cautelares. Así las cosas, la administración de justicia enfrenta una crisis muy grave. El estado de derecho está en juego.