Hoy por Hoy 2003/12/21

Contar con una estructura estatal ágil y eficiente es una obligación sustantiva de cualquier buen gobierno. Sin embargo, en nuestro país, los gobernantes han adoptado el conveniente propósito de colocar a personas de su confianza y copartidarios políticos, independientemente de que reúnan las cualidades profesionales que se requieren para el desempeño de esos cargos. El desenlace producido por el derrumbe de un muro que apagó la luz de la vida a tres menores, da paso a algunas reflexiones. Una de ellas es la necesidad de delimitar con claridad las funciones que presuponen idoneidad. En este sentido, resulta inconcebible que se designe a neurocirujanos en el MIVI, a arquitectos en Gobierno y Justicia, a dentistas en la Autoridad del Transporte, a empresarios en Relaciones Exteriores o a abogados en Obras Públicas. Es palpable el afán por designar en cargos del aparato gubernamental, aun en niveles inferiores o eminentemente técnicos, a personas del círculo cercano del mandatario de turno, aunque su capacidad profesional no haya sido comprobada. La aspiración de un gobierno eficiente impone reemplazar el clientelismo político por designaciones que permitan una apropiada relación entre idoneidad técnica y capacidad profesional.