Hoy por Hoy 2003/12/28

Oportunamente la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, que reúne a los clubes cívicos de Panamá, emitió hace unos días un comunicado a la ciudadanía, en el que exige al Ministerio Público y al Organo Judicial que cumplan con sus obligaciones. El pueblo panameño sigue a la espera de que sean resueltos los escándalos del CEMIS, la ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista, la exoneración de Panama Ports, la ilegalidad del reglamento que desvirtuó la Ley de Transparencia y, como si no fuera suficiente, ahora el sonado caso PECC. Este último es particularmente interesante, ya que antes de que el contralor remitiera pruebas al Ministerio Público, ya el procurador había adelantado su disposición de no investigar el caso porque era “político”. Si esto no es justicia selectiva, ¿qué es entonces? Así las cosas, tenemos un Ministerio Público que no investiga y una Corte que no garantiza los derechos de los panameños; aunque la Constitución disponga lo contrario. Los señalamientos de los clubes cívicos tal vez sean desatendidos por las autoridades; sin embargo, el solo hecho de haberse manifestado públicamente contra la impunidad demuestra que no todo está perdido. La Corte está en la obligación de resolver los escándalos y el Ministerio Público, en investigar, y si no lo hace, debe explicarle al país por qué.