Hoy por Hoy 2004/01/25

El llamamiento a juicio de un sacerdote y un hermano de la orden Cruzados de San Juan, en la provincia de Veraguas, acusados de acoso sexual en perjuicio de jóvenes de un centro educativo agropecuario, nos recuerda el precepto de que la justicia debe ser igual para todos. La Iglesia, como institución, ha tenido a través de los siglos un papel protagónico como agente transmisor de valores y ha ayudado a moldear la conducta de hombres y mujeres que han contribuido al bienestar de la Patria. Pero los sacerdotes no están al margen de las calamidades del resto de la sociedad. Allí están los casos de la arquidiócesis de Boston y otras metrópolis importantes de EU, donde fueron acusados y declarados culpables de actos vergonzosos y de encubrimiento. Esta realidad no escapa a nuestro país, en donde un juzgado anteriormente condenó a un sacerdote por el delito de estupro en contra de una menor de 16 años, a quien dejó embarazada. Estos son hechos reales y su divulgación no debe percibirse como un cuestionamiento a la imagen de la Iglesia católica, reconocida como una de las principales instituciones de la sociedad panameña. Muy por el contrario, lo que se busca es que se hagan los correctivos correspondientes en base a la política de cero tolerancia al encubrimiento de casos de pederastia adoptada por el Vaticano. No cabe la menor duda de que por la gravedad de lo ocurrido, la Iglesia católica panameña hará lo propio, se someterá al rigor de los planteamientos del Santo Padre y tratará de cumplir con su misión de guiar a la comunidad por los caminos de la moral y de los principios de bien.