Hoy por Hoy 2004/01/31

Enhorabuena la presidenta de la República manifestó estar a favor de la eliminación de los privilegios de exoneración de los legisladores. Esta semana, los panameños fuimos testigos de cuál es el verdadero negocio detrás de estas exoneraciones, cuando se comprobó que la gran mayoría de vehículos introducidos con este privilegio son vendidos a terceros, con lo cual se produce el delito de defraudación fiscal. En sus declaraciones, la mandataria reconoció que la venta de autos exonerados constituye una "burla al fisco". La burla o fraude al fisco es sancionado por el Código Fiscal panameño. Definitivamente es positivo que la gobernante se declare a favor de la eliminación de estos privilegios; sin embargo, es su obligación ordenar una investigación. No es la primera vez que un alto funcionario del Estado -en este caso la máxima autoridad- ha manifestado que un acto cometido por algún funcionario es ilegal, pero todo queda allí. Ni lo denuncian, ni ordenan investigación, ni las autoridades judiciales investigan de oficio. Recordemos aquel caso de la cantera del Cerro La Moña, del legislador Miguel Bush, cuando la presidenta dijo abiertamente en los medios que era violatorio de la Constitución que un legislador tuviese un contrato de concesión con el Estado; pero que eso siempre se había hecho. ¿Tendrá el estado de derecho algún valor para nuestras autoridades? No se trata solo de oponerse a los actos ilegales o inmorales que afectan el bienestar social; se trata de reaccionar ante estos para que no sigan ocurriendo y los responsables sean sancionados.