Hoy por Hoy 2004/03/09

La presidenta de la República se ha olvidado de sus palabras. Aquellas que hizo públicas en 1999 durante su campaña electoral y quedaron plasmadas en el plan de gobierno de Unión por Panamá, cuando prometía que de llegar al poder haría un gobierno transparente. “La política económica y el desempeño financiero del gobierno no pueden ni deben continuar siendo un secreto de Estado. La información financiera debe ponerse a disposición de la ciudadanía, con total y absoluta transparencia, de manera que la opinión pública cuente con suficientes elementos de juicio para juzgar, medir y evaluar el desempeño de sus gobernantes (...). Nuestro gobierno establecerá los mecanismos necesarios para que toda la información relativa a las actividades y actuaciones del Estado, incluidas las de índole financiero, sea accesible al público”. Esto se desprende del documento “Nuestro compromiso para el cambio”, página 102, numeral 18, que trata sobre Transparencia. Por lo visto, la mandataria una vez más se contradice al desafiar la ley relativa al libre acceso a la información pública y que ella misma sancionó y elogió. También se equivoca cuando dice que a Pérez Balladares nunca le pidieron información sobre las partidas discrecionales. Aunque la Ley de Transparencia no existía, La Prensa, en innumerables ocasiones, solicitó la divulgación de dicha información. Esta actitud prepotente es una burla al país, sobre todo porque hace unos días la ministra de la Presidencia se comprometió con la Defensoría del Pueblo a enviarle información al nodo de transparencia. Con esta acción, la Presidenta está dando sobradas razones para que no la incluyeran en la lista de las cien mujeres más destacadas en el primer centenario de la República.