Hoy por Hoy 2004/03/22

Detrás de la polémica por el uso y abuso de la partida discrecional del presidente de la República hay varias cuestiones en juego. La primera y más evidente es la obligación que tiene la Asamblea Legislativa de demostrar que puede asumir responsabilidades institucionales por encima de las evidentes diferencias que la integran, y exigirle, como parte interesada, un informe pormenorizado de las cuentas de gastos. Pero otra también importante se vincula con el financiamiento de la actividad política y la compra de conciencias, que no es un mero problema del pasado, sino un tema clave actual. Porque allí en la partida no aparecen compras de anteojos ni sillas de rueda; aparecen joyas, viajes y aberrantes pagos a periodistas, entre otros. Hay que lograr que la legítima pretensión de transparentar la administración pública y de gestionar con austeridad los recursos del Estado no quede solo en una declamación de principios ni en promesas de campaña, porque no debe haber discrecionalidad en la rendición de cuentas. Más allá de la cuestión de los enriquecimientos individuales y la corrupción, es hora de que se encare con seriedad las formas ilegítimas de financiar los excesos de los gobernantes y eliminar sus más conocidas distorsiones. Porque allí está la cuestión de fondo de las mal llamadas partidas secretas que nadie parece querer asumir.