El estado de la educación en el país es causa de una creciente y generalizada preocupación de parte de toda la ciudadanía. Pésimas instalaciones escolares, bajas remuneraciones a los docentes, escasa capacitación a los maestros y un deteriorado nivel de la calidad de enseñanza parecen conformar un círculo vicioso que impide utilizar la educación como vehículo de desarrollo del capital humano y como vía de construcción de un orden social más equitativo. El sistema educativo nacional parece navegar sin brújula entre un presupuesto de más de 200 millones de dólares para funcionamiento y la falta de tiza en las aulas de clase; entre los abstractos planes de actualización y la enseñanza que efectivamente se imparte; y entre la renovación de los contenidos curriculares y la carencia de capacitación docente y herramientas técnicas. Mientras esto ocurre, los padres y estudiantes deben enfrentar los obstáculos cotidianos derivados de las limitaciones de las escuelas públicas, y de la falta de transparencia en la educación privada cuando se le imponen cobros abusivos o aumentos en las cuotas sin previa notificación. Estas quejas suelen perderse año tras año en canales difusos, como si no se advirtiera que pueden contribuir a la mejora de la educación y al afianzamiento del conocimiento.