El desprecio que demuestra el Organo Ejecutivo por el proceso electoral es patético. La arrogancia y terquedad de la presidenta de la República por participar en actos proselitistas las 24 horas, el cinismo con respecto a las vacaciones de los ministros, el enfrentamiento público del Gabinete con el fiscal electoral y el amparo contra las investigaciones judiciales electorales atentan contra el sentido común. Es increíble que una persona -como la presidenta-, que se vendió políticamente durante su campaña como una oveja mansa, y que se autodenomina "humilde y de los pobres" se haya convertido durante su mandato en la más cuestionada por su falta de transparencia, y su actuación haya generado el más alto rechazo de la sociedad. Corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia ponerse los pantalones largos y no admitir el amparo de la ministra de la Presidencia por improcedente, pues además la funcionaria busca mecanismos disuasivos para desviar las investigaciones. La persona que oculte la verdad comete perjurio y se atiene a las consecuencia de sus actos, que implica entre otras la separación del cargo. Si la Corte actúa en otra dirección sería otro golpe a la maltrecha justicia y representaría una respuesta política a un problema eminentemente jurídico. La comunidad espera, vehementemente, que los cortesanos tengan suficiente criterio e independencia para rechazarla.