Hoy por Hoy 2004/06/01

La crisis de moralidad que envuelve a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia plantea una serie de implicaciones de orden público que resulta imperativo dilucidar. En principio, es necesario subrayar la urgencia de que la representación de las más altas figuras de la justicia panameña no aumente el deterioro de su imagen ya afectada por una larga serie de casos sonados y sentencias basadas en criterios de distinta naturaleza menos jurídicos. Las relaciones interpersonales de los magistrados se transforman en un asunto de incumbencia pública cuando estas fricciones afectan la institución que representan, y su comportamiento riñe con los mandatos que exige la Constitución y la Ley. Los magistrados tienen el imperativo de mantener una conducta intachable ante la sociedad. La credibilidad de la Corte se ve afectada, cada vez más, por las sospechas de que sus miembros estén vinculados con el Poder Político. Esta marcada cercanía resulta contraria al sistema de separación de poderes y al inquebrantable requisito de independencia judicial. Las presunciones de este orden están abonadas por las características que revistieron las designaciones de los últimos dos magistrados y la falta de explicación pública sobre el origen de los fondos que permitieron obtener la nueva flota vehicular de los magistrados. Lo más preocupante de todo es que el comentado no es un caso aislado, sino el último de una larga escalada de hechos que salpica nuevamente a la Corte sospechosa de mantener acuerdos de recámara con el Poder Ejecutivo.