Verdaderamente es penosa la situación de caos que vive el país cada vez que estudiantes de cualquier centro educativo se toman las avenidas y calles para fomentar el desorden y perturbar el desempeño y funcionamiento del Estado. En ese sentido, las autoridades tienen el deber de conducir a los revoltosos y devolver la tranquilidad que merece el colectivo. La actividad anárquica tiende en forma caótica al derrocamiento institucional y al desasosiego de la comunidad, mediante el incumplimiento de las normas que reglan las conductas individuales y colectivas, desconociendo autoridades, gobiernos y leyes. Por respeto a las circunstancias actuales, en medio de un período de transición, se hace necesario un llamado a la gobernabilidad y hacer un último esfuerzo para brindar soluciones concretas e inmediatas a los malestares de la población. Es un deber, tanto del gobierno saliente como del entrante, llegar con ideas claras y objetivos concretos al 1 de septiembre, para que los panameños tengan un ambiente de tranquilidad y paz. Abiertamente este es el verdadero desafío que emerge de interpretar de manera correcta las manifestaciones y protestas públicas en los últimos días.