El llamado a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para reformar la obsoleta Constitución puede considerarse como un avance en el ocaso de este gobierno que por casi cinco años dio la espalda a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos de que se modernizara el Estado panameño. Con esa acción, le corresponderá a los legisladores empinarse por encima de sus intereses particulares y políticos y lograr incluir reformas que contribuyan a establecer la bases de las instituciones que reclama el siglo XXI. No obstante, la comunidad estará pendiente de intenciones soterradas o pactos de recámara para modificar la Carta Política con artículos que tienen nombre, apellido y, en algunos casos, hasta apodo. El compromiso del presidente electo es la lucha contra la corrupción y solo podrá dar pasos seguros en esa vía, si la nueva administración persigue el delito y castiga, sin contemplaciones, al delincuente, independientemente de que éstos se hayan desempeñado en altos cargos durante esta y la administración entrante. La comunidad no tolerará componendas previas que garanticen protección a cambio de alcanzar respaldos a la iniciativa de modificar parcialmente la Constitución. Es una gran oportunidad de demostrar con hechos aquel eslogan de “cero corrupción”.