Es indudable que la capacitación planificada en la administración pública es necesaria, más aún si está vinculada a una real carrera administrativa. El caso de funcionarios de alta jerarquía que obtienen licencias con sueldo para irse a estudiar al extranjero a costa del erario público es una práctica que, si bien puede ser legal, riñe con los postulados básicos de la ética y es un desperdicio de recursos porque minimiza los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República cuando realizan la tan cacareada contención del gasto público. Las acciones hablan más alto que las palabras. Y eso es evidente cada vez que el gobierno anuncia un nuevo ajuste de cinturón y propone una contención del gasto. Por lo general, esto no afecta los bolsillos de los altos funcionarios e influyentes familiares, muy por el contrario, siempre perjudican el rubro de inversión y el renglón de funcionamiento de las actividades más importantes que impulsan a un país. Nunca se toca el gasto abusivo de emplanillados y embotellados que usufructúan de las mieles del poder. ¿Cuántos funcionarios más se están beneficiando de esta detestable práctica? Sin duda, queda demostrado que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta.