Hoy por Hoy 2004/08/14

El prestigio recuperado por el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, tras la invasión de 1989, se ha ido perdiendo por innumerables cuestionamientos en los últimos años. La venta de fincas al postor que menos ofrece, dignatarios de cuestionada trayectoria, préstamos al Gobierno con una tasa de interés menor a la que el propio banco paga por los depósitos, el financiamiento a transportistas cuyo historial de mala paga es harto conocido, son tan solo algunos ejemplos de estas malas acciones que han llegado al conocimiento de los medios. Se trata de las dos instituciones financieras más importantes del Estado panameño. Es saludable el anuncio del presidente electo de llevar a cabo un áudito a ambos organismos para que podamos saber si el manejo que esta administración –caracterizada por la incapacidad y falta de transparencia– le dio ha sido el correcto. Este áudito, una vez concluido, no debe ser engavetado o solo conocido por un grupo minúsculo de funcionarios como ha sido lo común durante la agonizante gestión presidencial. El resultado debe ser público, y si arroja responsabilidad en el manejo de una u otra institución, el castigo debe ser ejemplar. Así daría el nuevo gobierno, que ganó las elecciones con su promesa de cero corrupción, muestras de que el compromiso de campaña era más que retórica política. Esperamos los resultados.