Hoy por Hoy 2004/08/24

Las ofensivas acusaciones de la cancillería cubana contra el Estado panameño han producido una crisis diplomática de impredecibles consecuencias entre los dos países. No debe ignorarse, porque es indispensable esclarecer lo ocurrido, que la Presidenta de la República tiene entre sus funciones constitucionales decretar indultos para delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. Por eso, la intervención del gobierno de Fidel Castro en los asuntos internos de Panamá es inaceptable. En el caso de Posada Carriles y el resto de los enjuiciados y condenados por planear actos terroristas en el año 2000, existe una especie de histeria cubana que data de hace mucho tiempo, de cuando Posada y Castro compartían aulas escolares, antes de la revolución cubana. No obstante, lo que está de por medio es la soberanía de nuestro país, con todo lo que ello implica en materia de justicia y de gobernabilidad. No asumir posiciones enérgicas significaría una irresponsabilidad que la historia no dudaría en condenar, y se perdería para siempre la poca fe que aún queda en nuestras autoridades. Hay que felicitar al Gobierno Nacional por su determinación de actuar como el momento histórico diplomático lo exige.