Uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar el Gobierno es la creación de una política para el desarrollo del transporte público en todo su potencial, en forma coordinada, coherente y sin exclusiones. Durante muchos años, el sector transporte ha sido víctima de un proceso de desmejoramiento que ha ido acompañado de la renuncia por parte del Gobierno a la responsabilidad que le cabe en el diseño de un proyecto de desarrollo para el futuro del país. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se ha convertido en una instancia inoperante. Esta ineficiencia ha creado una superposición de competencias, un despilfarro de recursos y la imposibilidad de ejercer controles contra la corrupción. Solamente a partir de una visión estratégica totalizadora podremos maximizar el aprovechamiento de los recursos para producir una verdadera modernización del país y poder dar respuesta a los requerimientos de un mundo cambiante y en constante evolución.