Hoy por Hoy 2004/10/07

De todos es sabido que Panamá no cuenta con petróleo entre sus recursos naturales; pero ello no significa que se pueda aceptar sin más la cómoda declaración de altos funcionarios gubernamentales, de que nada puede hacerse. No es cierto. Sucede que el Gobierno grava substancialmente el petróleo, y eso le permite hacer mucho para reducir el impacto negativo al consumidor de la presente alza y de las que puedan ocurrir en el futuro. Una política coherente en materia energética requiere, entre otras cosas, asegurar la libre competencia y ponerla a salvo de combinaciones oligopólicas ante las cuales ahora no hay defensa alguna, incluso por los organismos que se han creado para brindarla. Concebir el combustible como un lucrativo recurso fiscal en un momento de altísimos precios, es una irresponsabilidad total e inexcusable por las obvias consecuencias negativas que tiene sobre el desarrollo en todas las actividades económicamente importantes. Por ello, es impostergable un análisis serio y metódico de los componentes fiscales en el precio de los energéticos en todas sus formas. En cualquier caso, el asunto requiere de la discusión legislativa que nunca tuvo, como era la costumbre imperante en la época del desorbitado aumento de los precios del petróleo, producto de las manipulaciones del mercado por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Eso es lo menos que merece el consumidor.