La costumbre de realizar protestas interrumpiendo el tránsito en las calles de la ciudad plantea recurrentemente la necesidad de una discusión seria sobre los alcances y los límites del derecho a manifestar. Estos deben medirse en relación directa con el respeto de la convivencia ciudadana y los derechos ajenos. Se sabe que las manifestaciones callejeras suelen causar enormes trastornos de tránsito en las horas pico, afectando a miles de personas. Existe un consenso generalizado respecto de los prejuicios que ocasionan a unos y otros las demostraciones grupales reivindicativas o de protesta, cuyos únicos interlocutores a veces terminan siendo ocasionales transeúntes que ven interrumpida su jornada habitual y sus obligaciones. Se trata, entonces, de comenzar a pensar en algún sistema alternativo que mantenga la garantía del derecho a manifestar pero resguarde, también, el derecho de los demás ciudadanos a moverse sin inconvenientes por la ciudad.