La enorme responsabilidad que tienen tanto el Organo Ejecutivo –al designar– como el Organo Legislativo –al ratificar– a las personas elegidas para ejercer altos cargos de la administración pública, implica mucho más que un examen superficial de sus ejecutorias, atributos y supuestos méritos. Y es que en un país tan pequeño como Panamá, donde las estrechas relaciones personales, familiares o de negocios, dificultan la necesaria distancia que se precisa para discernir entre la simple apariencia y la verdadera sustancia, es común acabar designando en importantes cargos a quienes, luego, no tienen ni la entereza ni capacidad ni la disposición de ejercerlos con dignidad y verdadera vocación de servicio. Por ello, y frente al reto que tiene el presidente Martín Torrijos de elegir a quien sustituya –entre otros altos cargos– al actual Procurador General de la Nación, y teniendo en cuenta la urgencia de terminar con la impunidad que ha permitido que la corrupción haya llegado a los alarmantes niveles que conocemos, es preciso realizar un análisis profundo de cada uno de los candidatos antes de que se produzca un nuevo error. Las dudas que han suscitado las acusaciones hechas contra el actual representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) –suficientemente conflictivo por su vinculación a un régimen autoritario– ofrecen un aleccionador mensaje. No lo desaproveche, señor Presidente.
Hoy por Hoy 2004/11/19
19 nov 2004 - 05:00 AM