Hoy por Hoy 2004/12/21

A escasos 10 días de vencérsele el período constitucional al Procurador General de la Nación y a la de la Administración, el Presidente de la República finalmente ha anunciado sus candidatos para reemplazarlos. Corresponde a la Asamblea Nacional y a la ciudadanía escrutar sobre el mérito de los designados y debatir si son los indicados para ocupar los cargos. Es un debate que debe ser profundo, pausado y responsable, más allá de directrices partidistas o apegos personales. Se trata de la designación más importante que hará el Presidente en su periodo. El nombramiento no solo es una muestra clara del verdadero compromiso por enderezar la justicia y atajar la impunidad reinante, sino que la escogencia repercutirá mas allá del actual gobierno, toda una década. Nuestra Patria ha sufrido ya la desgracia de verse sometida a una trágica sucesión de paupérrimos procuradores: 21 años de dictadura transcurrieron bajo la sombra de útiles lacayos de saco y corbata, para luego, en democracia, soportar una década y media de la más bochornosa impunidad. La sociedad civil debe ser escuchada y la Asamblea Nacional tiene ahora la oportunidad de demostrar su verdadera función constitucional de contrapeso y fiscalización del Ejecutivo, y no simplemente de dócil secretaria del gobernante.