Hoy por Hoy 2005/01/28

Los magistrados y jueces han salido a defender sus privilegios, a sostener que las reformas fiscales no los deben afectar, al tiempo que rechazan de plano la propuesta de la Procuradora de renunciar a otros beneficios. Debemos contar con magistrados y jueces bien remunerados para asegurarnos profesionales idóneos y capaces al frente del Órgano Judicial. Pero si la reforma fiscal pretende gravarnos a todos, los jueces no deben ser la excepción. Y, más allá del tema fiscal, gravita una enorme decepción en la ciudadanía por la calidad de la justicia que se administra en Panamá. Habría sobradas razones para mantener los altos sueldos que devengan, si existiera una correspondencia entre el salario y una judicatura respetada por su independencia y agilidad. Las estadísticas demuestran todo lo contrario: una bochornosa mora judicial y una inaceptable falta de independencia. Ejemplos abundan en los tribunales, a todo nivel. ¿Cómo justificar la inexcusable demora en decisiones vitales para el país, como los recursos de Panama Ports o el limbo en que hemos quedado ante la separación del magistrado Pereira Burgos? Ni hablar de los inconfesables pronunciamientos frente a PECC y los millones descongelados. Es difícil ganarse la simpatía ciudadana cuando se tienen sobre la mesa estos y tantos otros casos de indigno tratamiento.