Hoy por Hoy 2005/02/26

En los inicios del siglo pasado hubo un consenso claro de que la educación debía ser una prioridad de la nueva República y que la misma debía garantizar el nivel básico de los istmeños. Con ese fin se desarrolló una estructura para crear y administrar escuelas, para aprender a leer, escribir y contar, y adquirir la ideología propia de una nación en formación. El éxito fue razonable. Los años de la dictadura vieron un desmejoramiento en el concepto de políticas educativas y las instituciones responsables de su promoción, que no fue superado al retorno de la democracia. El siglo XXI nos encuentra huérfanos de una política educativa clara y visionaria. Peor aún, es inaceptable que niños panameños no puedan asistir a la escuela porque carecen de lo más elemental: comida y útiles escolares. Al tiempo que muchas escuelas privadas han logrado mantenerse a la vanguardia, la educación oficial es cada día más deficiente, lo que como Nación nos presenta un panorama sombrío. Lo cierto es que el Estado ha fallado en corresponder con el artículo 91 de la Constitución, que dice que la educación es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social. A todos nos compete que la educación que se imparta, particularmente la oficial, se enrumbe por el camino de la excelencia. El progreso del país depende de la educación de los niños.