El Ministerio de Economía y Finanzas cumplió la promesa hecha hace más de un mes, de presentar la correspondiente denuncia que involucra tanto a particulares como a funcionarios de la propia institución y abogados en un sofisticado esquema para extender fraudulentamente los beneficios de exoneraciones de impuesto de inmueble a bienes raíces más allá de los 20 años que otorga la ley. No solo se trata de perseguir a delincuentes de cuello blanco en asocio con supuestos servidores públicos, sino que el delito fiscal, de comprobarse, ha causado una lesión a las ya lastimadas arcas estatales, lo que merece el repudio popular y un castigo ejemplar. Ojalá la investigación se lleve a cabo hasta agotar todas las instancias legales y se dé a conocer públicamente el resultado efectivo para empezar a cambiar la imagen de que la influencia y el poder en Panamá, son sinónimos de impunidad.