El establecimiento de una verdadera política migratoria es una tarea pendiente. Mientras el país empieza a cimentar importantes inversiones extranjeras, reflejadas en hoteles, casinos, centros comerciales, restaurantes y almacenes, cautivando el paisajismo capitalino e inyectando importantes divisas a la golpeada economía nacional, queda al descubierto la inconsistencia de la inversión extranjera con una política cónsona que regule la estadía de inversionistas y deje claros los objetivos migratorios del Estado. Es importante ordenar las prioridades. No podemos atraer inversión extranjera y promocionar a Panamá como destino seguro para las inversiones externas y, a la vez, mantener una legislación migratoria obsoleta y emparchada que data de 1960. Igual ocurre con toda una serie de disposiciones, incluso de rango constitucional, que ilusamente restringen actividades a extranjeros que son evidentemente violadas por absurdas. Se requiere coherencia en el discurso político y económico y una legislación acorde a las realidades, que pueda efectivamente ser aplicada y cumplida.