Ha quedado en evidencia que existen funcionarios con jerarquía y autoridad cuyas actuaciones pugnan con el proceder probo e intachable que merece la ciudadanía. El director de Migración ha reconocido públicamente que la firma de abogados de la cual es socio –en licencia–, efectivamente tramita visas ante la entidad a su cargo. Más allá de querer justificar este proceder mediante una interpretación laxa de la ley para arropar bajo una supuesta legalidad un abierto conflicto de intereses, debe imperar el sentido de rectitud y transparencia en el manejo de la cosa pública. Pretender que el funcionario está desvinculado y que no percibe beneficio económico del bienestar que genera la actividad de su firma en sus gestiones migratorias, constituye un irrespeto hacia la sociedad ante quien debe responder con su integridad todo servidor público.
Hoy por Hoy 2005/05/04
04 may 2005 - 05:00 AM