La transparencia en la actuación de los funcionarios es una condición inexcusable y ha sido un reclamo frontal de la sociedad civil en los últimos años con el fin de poder fiscalizar cada instancia del quehacer estatal. Se pretende garantizar el sano manejo de la cosa pública, sin hermetismo ni sorpresas. El presidente Martín Torrijos en sus compromisos de campaña, prometió impulsar la transparencia en la gestión oficial desde el máximo nivel del Ejecutivo. Ahora, el procurador Oscar Ceville nos sorprende con un instructivo mediante el cual prohíbe que se divulgue el contenido de las opiniones o vistas emitidas por su despacho hasta que hayan transcurrido 30 días. ¿A qué se debe el misterio? La actuación gubernamental debe ser certera, diáfana y de conocimiento público inmediato a fin de que los resultados, buenos o malos, no se hagan esperar. Pretender retener información por un mes, no responde a una verdadera transparencia ni mucho menos ayuda a mejorar la imagen de secretismo que tradicionalmente acompaña la gestión oficial.
Hoy por Hoy 2005/05/16
16 may 2005 - 05:00 AM