El empeño de tantos años por exigir transparencia en la utilización de los recursos del Estado no es mera terquedad. Además de buen gobierno, la divulgación de los actos gubernamentales es una acertada medida preventiva. Cuando el funcionario, no importa el nivel que sea, entiende que sus actuaciones -y el uso que da a los recursos públicos- serán objeto del escrutinio popular, pone mayor empeño y cuidado. No existe mejor ejemplo que el de las partidas discrecionales a disposición de los ex presidentes Pérez Balladares y Moscoso.
Convencidos de que nunca tendrían que rendir cuenta de la fortuna confiada a ellos -pues tomaron cuanta provisión fue necesaria para que las mismas se mantuvieran en secreto- echaron mano a los fondos del pueblo como si de su chequera personal se tratara. Ambos aseguraron, una y otra vez, que las partidas habían servido para atender emergencias y la suerte de los más humildes de este país.
Pero la verdad luce muy diferente a la que nos contaron mientras nos mantuvieron en la ignorancia. Nos mintieron descaradamente y lo seguirán haciendo hasta que cada panameño haga valer su derecho a saber, con exactitud y oportunamente, en qué se gastan los impuestos. Impuestos que ahora, dicho sea de paso, no alcanzan para saldar la cuenta de la fiesta que nos toca pagar.