Unos hablarán de cesión a las presiones y otros de truco legal, pero la realidad es que la decisión del presidente, Martín Torrijos, de suspender la reglamentación de la Ley 17 del Seguro Social es, fundamentalmente, una puerta al diálogo nacional que no se debe desaprovechar.
El descontento en la calle y en las oficinas ha obligado al Ejecutivo a buscar un mecanismo para suspender la ley sin suspenderla (congelando los artículos necesitados de reglamento y aplicando un mecanismo de retroactividad de los acuerdos a los que se llegue en la mesa de diálogo). Corresponde a los sectores en huelga suspender las protestas y sentarse a discutir. Ahora llega el momento de conocer si los sectores que han mantenido 25 días de huelga han hecho la tarea y tienen propuestas viables.
También es hora de exigirle responsabilidad a Torrijos. Primero, para que tome nota de la lección y no vuelva a tener que deshacer enredos. Segundo, para que en el diálogo –que esperamos se inicie hoy mismo– piense en el interés nacional y en la viabilidad del Seguro Social. La crisis no es menos crisis y la urgencia no es menos urgente.