La deuda pública panameña sobrepasó hace unos días la peligrosa barrera de los 10 mil millones de dólares. En términos económicos, equivale al 70% del PIB del país. Es una carga que impone un gravamen colosal sobre cada panameño llamado a pagarla. En promedio, es la deuda por habitante más alta del continente. La politiquería, el clientelismo y el derroche han sido los medios por los cuales se le ha impuesto a esta Nación una deuda mayor a la que le correspondería por lo realmente invertido en el desarrollo del país.
¿Quién se hace ahora responsable de semejante despilfarro? ¿Y dónde están los banqueros cómplices de tal irresponsabilidad, que prestaron sin transparencia ni control real, a sabiendas del destino de los fondos? Cada vez nos endeudamos más simplemente para alcanzar a pagar lo que ya debemos, más los intereses.
Y mientras seguimos con nuestro deber de exigirle a la justicia que llame a los responsables del pillaje, cabe preguntarnos: ¿podrá sostener Panamá políticas fiscales austeras sin afectar el ritmo de desarrollo que exigen nuestros tiempos para generar soluciones a tantos sectores necesitados de la sociedad? Solo el tiempo -con un enorme acopio de voluntad política- lo dirá.