El Procurador de la Administración es el abogado del Estado y en ese rol le corresponde defender los intereses de la Nación. ¿Cómo queda esta responsabilidad frente a la noticia de que Óscar Ceville se libró de una deuda con un banco oficial alegando prescripción por el paso del tiempo?
Es difícil imaginar como podrá, moralmente, quien ha de ser el abogado del Estado por los próximos 10 años, velar por los mejores intereses de su representado contra otros particulares, cuando esgrime argumentos en beneficio personal y en perjuicio del propio Estado.
La situación es irónica, ya que le corresponderá en su momento al procurador Ceville proteger los intereses de la misma Caja de Ahorros. Independientemente de la validez legal de la fórmula empleada, su situación es incompatible con la función que desempeña. Por supuesto, saltan ahora preguntas:
¿Qué pasó durante el proceso de ratificación legislativo?
¿Cómo fue que ninguno de los 78 diputados, o el más del centenar de suplentes, hurgó ni cuestionó si el futuro funcionario enfrentó litigios con el Estado?
¿Para que sirve el proceso de ratificación de la Asamblea Nacional, sólo para el circo político y para medir fuerzas partidarias?