La advertencia ha sido enviada con un lenguaje claro y contundente: no hay tolerancia para la corrupción. Falta ahora que las ondas repetidoras transmitan el mensajepara que se filtre en todas las instancias públicas.
El apego a la ley no es exclusividad ni obliga solo al Ministerio Público, es deber de todo ciudadano, independientemente de la clase social o influencia política que pueda tener. Más aún, es un imperativo para quienes fungen como servidores públicos, pues no solo su salario sale del bolsillo de todos los ciudadanos, sino que tienen la responsabilidad de rendir cuentas por manejar bienes ajenos y tomar decisiones en nombre de los ciudadanos.
Tras estos primeros pasos en la dirección correcta, confiamos en ver acciones similares en todas las entidades públicas y órganos del Estado. Es hora de limpiar la patria de los corruptos.