Hay cosas sagradas para una sociedad democrática que busca el progreso. Y, entre ellas, una de las que hay que defender con uñas y dientes es la integridad física y moral de los menores de edad, el futuro del país. Ayer, el sacerdote católico Roberto González fue encontrado culpable de los cargos de acoso sexual a tres adolescentes en Atalaya, Veraguas.
La pena, solo simbólica, es histórica pero no ejemplar. Cuando se trata de defender a la infancia y a la adolescencia del abuso, el acoso o la explotación sexual comercial o no comercial no hay límites, ni el poder ni una sotana pueden tornarse en freno de la justicia. De hecho, es especialmente preocupante que quienes deben ser ejemplo de comportamiento cristiano sean los protagonistas de actos tan repugnantes.
La justicia tiene que hacer su trabajo, pero la Iglesia católica también. Y en este camino hay que destacar cómo la denuncia valiente y pública de los menores afectados y sus familias, aun en contra de la feligresía local, es un ejemplo para el resto de la ciudadanía. Justicia para lo más sagrado.