La Prensa solicitó la declaración patrimonial del Presidente de la República con pleno conocimiento de la política de hermetismo que se ha seguido en el pasado y, por supuesto, del fallo de la Corte que convenientemente la acogió. Por un momento abrigamos la ilusión de que el Presidente, consecuente con su discurso de cambio, sabría dar el ejemplo.
Desde las reformas constitucionales de 1983 quedó clara la obligación -que en otros países se acata cuando ni siquiera consta en una ley- de que fuera ante notario público la declaración patrimonial de los altos funcionarios del Estado para evitar sospechas sobre beneficios personales por ejercer el cargo. Obviamente, su mera publicación no impedirá el enriquecimiento ilegítimo, pero es un gesto simbólico de alto calibre y marca un cambio de actitud.
El deber, que en Panamá se inicia en cabeza del Presidente -sigue a tantos otros en posiciones cruciales e incluye a los propios magistrados de la Corte-, es ser transparentes ante la ciudadanía y estar dispuestos a que cada panameño pueda constatar la integridad de sus funcionarios. Seguiremos insistiendo en principios que permitan efectiva rendición de cuentas y una cultura de transparencia a la que tenemos derecho.