La corrupción administrativa y el aprovechamiento ilícito de los bienes públicos se visten de las formas más curiosas. Ahora hemos sabido que los funcionarios gozan, entre otros beneficios, del acceso a la línea 855 la cual tiene un cargo por llamada que, evidentemente, es costeado por el bolsillo de todos los contribuyentes.
En lugar de obras sociales y alivio a la pobreza, estos fondos van a pagar el gusto de algunos servidores públicos que malgastan sus horas de deber en satisfacer placeres particulares, desde Walter Mercado hasta líneas calientes. ¿Cómo es posible que no exista una restricción de llamadas a estos números telefónicos?
Centavo a centavo se escapa un millón y ciertamente la cuenta telefónica millonaria refleja un uso y abuso de los dineros de todos. Busquemos a los funcionarios malocupados y a los responsables de la habitual falta de fiscalización estatal. Esperamos consecuencias.