Acabar con décadas de clientelismo no es fácil; sobre todo si los discursos oficiales son discordantes. Lo que está sucediendo en la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) es un perfecto ejemplo de ello.
Mientras las autoridades nacionales han reiterado que la institución se cierra el próximo diciembre como lo establece la ley, la junta directiva, con el rector de la Universidad de Panamá a la cabeza, siguen desafiando esta decisión y azuzando a los funcionarios que, dicho sea de paso, fueron contratados por un término definido previendo el cierre.
El ex administrador de la ARI Julio Ross había organizado una bolsa de trabajo para enfrentar el reto del cierre. Sin embargo, frente a la necia y reiterada petición de prórroga, es entendible que se mantenga la esperanza de quienes tienen como único recurso su salario como funcionario. Pero la ARI no nació para propiciar el discurso desfasado de quienes no entendieron su responsabilidad como garantes de la adecuada utilización de los bienes encomendados.
De paso, los ciudadanos esperamos una explicación sobre el diagnóstico hecho por Ross hace seis meses y que, como mínimo, demuestra la negligencia de los que hoy pretenden que la ARI siga abierta.