Empresarios, gremios y Defensoría señalan ahora una actitud sesgada en el Ente Regulador cuando de las compañías eléctricas se trata. La denuncia tendrá fuerza y veremos sus repercusiones.
De algún modo se confirma la fuerza de los gremios en el cabildeo político y social. Eso está bien, pero denota la debilidad del ciudadano común no agremiado en la defensa de sus derechos e intereses. Cuando un panameño es maltratado por las empresas de servicios rara vez consigue que se le haga justicia.
Cuando ve cómo políticos y autoridades toman decisiones tributarias, legislativas o policivas que afectan su calidad de vida o tranquilidad, poco es lo que puede hacer. Los gremios, sin embargo, son invitados de lujo en las mesas donde se discuten los temas clave del país. Lo preocupante es que en este medio repleto de brechas -económicas, culturales y sociales- se ensanche la zanja de la participación y la intervención en lo público. ¿Quién defiende al indefenso panameño?