Como un pesado manto, el Estado panameño arrastra desde hace décadas una abultada planilla. Para una nación tan pequeña –en población y en extensión territorial– la explosión burocrática parece no tener fin. Al fin y al cabo, se trata de una administración pública harto ineficiente que termina por restarle recursos valiosos al bolsillo de cada panameño. Con un excesivo aparato gubernamental, Panamá cuenta con uno de los peores índices del continente.
Hoy vemos, por ejemplo, cómo en un campo prioritario para el desarrollo nacional como es la educación, el gasto de planilla succiona dos terceras partes del presupuesto anual, una cifra que deja muy poco para la inversión y la modernización. Lamentablemente este desbalance se repite en cada una de las instituciones públicas que sobreviven asfixiadas por ese clientelismo endémico que afecta al país.
El daño no se limita a la excesiva burocracia y al astronómico costo de mantenerla, sino a la pérdida que conlleva que miles de panameños, en vez de aportar con su esfuerzo productivo al crecimiento del país, queden condenados al inútil aparato oficial, duplicando funciones o llenando los formularios que alimentarán a las polillas.